Las propuestas de los expertos anuncian una ley más honesta y acorde con la realidad
El Ministerio de Igualdad prepara un anteproyecto de ley de plazos que, si prospera, permitirá a las mujeres abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación. Tal es la propuesta hecha por el comité de expertos, que el 5 de marzo presentó sus conclusiones. El informe de dicho comité propone también aborto libre hasta las 22 semanas si se detectan graves malformaciones en el feto o grave riesgo para la vida y la salud de la madre. Por último, aconseja que las embarazadas de 16 y 17 años no necesiten el consentimiento parental para someterse a la interrupción voluntaria del
La presentación del informe ha generado ya un acalorado debate centrado en esta última propuesta. ¿Es lícito dejar en manos de una menor una decisión tan crucial para su vida? El Partido Popular ha replicado que no es lógico que una joven de esa edad no tenga derecho a votar y sí a abortar. CiU ha calificado la propuesta de agresión frontal a la potestad parental. La ministra Bibiana Aído ha respondido que si una menor puede tener hijos a esa edad, ¿cómo no va a poder decidir abortar?
La Ley de Autonomía del Paciente pone en manos de los menores de 16 y 17 años la capacidad de decidir por sí mismos si son sometidos a una operación quirúrgica o un tratamiento sanitario. Las únicas excepciones son, justamente, el aborto, los ensayos clínicos y la reproducción asistida. Es difícilmente entendible que una joven pueda decidir sobre una operación que puede comportar graves riesgos para su vida y no pueda decidir terminar con un embarazo indeseado. Y más difícil es aceptar que deba seguir adelante con un embarazo en contra de su voluntad.
Es llamativo que de las tres excepciones contenidas en la Ley del Paciente, dos tengan que ver con la capacidad reproductiva. Cabe preguntarse si no es una imposición residual de una concepción tradicional que niega a las mujeres la autonomía sobre su cuerpo y su vida. Por otra parte, no se trata de una posibilidad inédita. En países como Francia, Austria, Suecia, Canadá o Finlandia la legislación no exige el consentimiento parental cuando una menor de 18 años decide abortar.
El primer efecto de la nueva ley española sería el de aumentar la seguridad jurídica y la autonomía de las mujeres. El 88% de las que abortan ahora lo hacen antes de las 12 semanas de gestación, y el 96%, en razón del riesgo que el embarazo comporta para su salud, lo que en la práctica es susceptible de persecución contra la mujer y el médico que practicó el aborto. La nueva ley sería un avance hacia esa autonomía de la mujer y sería más honesta y acorde con la realidad. Sobre todo, si se acompaña de un refuerzo de la educación sexual. Alrededor de 11.000 menores abortan voluntariamente cada año en España (aproximadamente, el 10% del total). Que las mujeres de 16 y 17 años no necesiten autorización parental no es una propuesta descabellada.
Revista Trabajadora
Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras
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