Desde que Gallardón argumentara aquello de la "violencia estructural contra las mujeres", que se esconde detrás del derecho a decidir sobre nuestra maternidad, la derecha se ha empeñado en elaborar extraños argumentos para esconder los verdaderos motivos que le llevan a proponer la modificación de la Ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pasando de un paternalismo retrógrado y machista, a la condena más absoluta de las mujeres.

El martes fue un día curioso. Jorge Fernandez Díaz asimiló el aborto con ETA, y aunque intentó explicar lo sucedido, todavía no ha contado bien cuál fue el hilo argumental que, en su pensamiento, le llevó a equiparar ambas realidades. Imaginarlo y, pensar que se le ocurrió a un ministro, simplemente asusta.

Y por la tarde Beatriz Escudero, diputada del PP, decía en el Parlamento: las mujeres que abortan son las que tienen menos formación, "exactamente el 31% de mujeres sin estudios abortan", insistía esta señora en Twitter. Y, aunque ella no dice el origen del Estudio del que proceden tales datos, si se hubiera molestado en mirar los datos del propio Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (recuerdo, del Gobierno PP), podría haber comprobado que sólo el 2,3% de las IVE que se produjeron en el año 2011 en España, correspondieron a mujeres "analfabetas y sin estudios".

Aunque más allá del dato, de nuevo sigue siendo inquietante el argumento. Será que las mujeres abortan por ignorantes y analfabetas…

Mientras tanto, el ministro Gallardón seguía manipulando las palabras y utilizando torticeramente al Tribunal Constitucional, a Naciones Unidas y a nuestra legislación. Primero nos cuenta que hay que adecuar la ley a la doctrina del Tribunal Constitucional, que, según asegura el ministro, clama por la protección a la vida del no nacido. Aunque el ministro no explica que el sentido de la doctrina del Tribunal es el necesario equilibrio entre la protección al no nacido con los derechos fundamentales de las mujeres, que, en todo caso, deben garantizarse, y que, precisamente, eso es lo que hace nuestra Ley de derechos sexuales y reproductivos del año 2010, por eso incorpora la prevención, la información, y, precisamente por eso, es una ley que establece plazos e indicadores, como todas las de nuestro entorno Europeo.

Después nos habla de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, donde, por cierto, no hay ni una sola palabra sobre el aborto o la IVE, aunque, recordemos, España se ha adherido a otras Convenciones de Naciones Unidas que defienden los derechos de las mujeres entre los que se encuentran los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Y por último, acosado por las críticas, incluidas algunas de sus propios compañeros/as de partido, el ministro Gallardón, en un alarde de generosidad, traslada una gran noticia a las mujeres: ninguna mujer irá a la cárcel por abortar, ¡como si las cárceles estuvieran llenas de mujeres que abortan! Tampoco dijo cómo lo haría, ni con quiénes trabaja, porque todavía no sabemos ni conocemos texto alguno.

En definitiva, nos llaman terroristas y analfabetas, y, mientras tanto, Gallardón nos muestra su cara más dura. Mientras nos quita nuestros derechos intenta convencernos de que nos hará un gran favor, y es que algunos aprendieron mucho de la Sección Femenina, en nuestra memoria todavía recordamos aquello de que las mujeres debíamos "aguantar por nuestro bien".

Y todo esto, al fin y al cabo, para ocultar sus verdaderos motivos, que son ideológicos, y se encuentran reforzados por esa alianza con los sectores ultraconservadores que dieron buenos momentos y apoyos al PP para llegar al Gobierno, de nuevo a costa de los derechos y la libertad de las mujeres.

Antes de que sigan inventando extraños e insultantes argumentos, me gustaría pedir algo al PP: Dejen en paz a las mujeres y empiecen a contarnos la verdad.

(*) Secretaria de igualdad, PSOE.

Foto: Archivo AmecoPress