La división interna que genera la ley del aborto, y que ha estallado muy claramente esta semana, ha llevado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a aparcar esta norma hasta encontrar un claro consenso interno. A pesar de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que presentará el texto “pronto”, la ley no está en la agenda de reformas inminentes, según estas fuentes. De hecho, ni siquiera es la primera en cartera en el Ministerio de Justicia, que antes tiene que sacar adelante la del Código Penal. Y ni el Gobierno en privado ni ayer en público la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, muestran ninguna prisa por sacar adelante esta polémica norma. De modo que el choque interno continuará hasta que Rajoy decida definitivamente.
La ley del aborto quema. Cada vez que el PP intenta llegar a un acuerdo sobre ella, estalla la división interna que genera. Acercarse a ella es arriesgarse a que la polémica acabe con la imagen de quien la protagoniza. Tal vez por eso los tres principales protagonistas del Gobierno en este asunto —Gallardón, Santamaría y Mariano Rajoy— parecen buscar una forma de repartir el coste.
Algunos en el Gobierno señalan que es Gallardón quien ha ido más lejos de lo pactado al plantear la eliminación del supuesto de aborto por malformación del feto. Lo achacan a su tradición conservadora familiar —su padre fue el promotor del recurso al Constitucional contra la anterior ley en 1983— y a su deseo por reconciliarse con el sector del partido que más recelaba de él. Otros indican que una decisión de este calibre tiene que contar con el aval e incluso el impulso de Rajoy, que evita pronunciarse sobre el asunto. Gallardón hizo un gesto el martes en el Senado. Miró a Rajoy, que se quedó a escuchar su respuesta sobre el aborto —lo habitual es que se marche antes— y dijo “voy a contar una primicia de la ley, con el permiso del presidente, que me lo acaba de autorizar”. Con ese gesto estaba implicando a Rajoy y destacando que esta ley es tan suya como del presidente.
Mientras, Sáenz de Santamaría jugó ayer a un equilibrio dificilísimo. Sin desautorizar a Gallardón ni descartar que se vaya a prohibir el aborto por malformación, matizó al ministro y trató de alejar su imagen de las posiciones más duras del PP. Todo de forma sutil, pero claramente estudiada.
Tras los juegos políticos para evitar que un asunto tan delicado destruya la imagen pública de sus protagonistas, hay una realidad, según coinciden diversas fuentes del Gobierno y del PP: Gallardón, que ha dado un giro total en los últimos meses hacia posiciones mucho más duras, cuenta con apoyos para sacar adelante el proyecto, y probablemente las instrucciones de Rajoy, pero el asunto genera una enorme división tanto en el Gobierno como en el PP, donde muchos quieren limitarse como mucho a volver a la ley del 85 —que permitía el aborto por malformación— y otros prefieren esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Santamaría admitió implícitamente ese debate interno. Cuando se le preguntó por lo más polémico, el aborto por malformación, dejó la responsabilidad en Gallardón: “El Ministerio de Justicia está analizando la convención de la ONU sobre personas con discapacidad [que recomienda, no exige, limitar este tipo de abortos] y la doctrina del Constitucional [que sí los autorizó en 1985] para establecer la mejor manera posible para tener presentes ambos equilibrios”. Esto es, que todo está abierto. A pesar de este aparente distanciamiento, Santamaría firmó en 2010 el recurso al Constitucional en el que se comparaba el aborto por malformación con las prácticas nazis. Ayer dijo que lo importante de ese recurso eran los argumentos jurídicos.
El PP, en especial el grupo parlamentario, está muy dividido, según coinciden todas las fuentes consultadas. El sector conservador, en algunos casos vinculado al Opus o próximo a la Conferencia Episcopal, como sucede con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, está entusiasmado ante las propuestas de Gallardón. Otros, más moderados, están descolocados porque creían que se volvería a ley del 85. La idea de eliminar el supuesto de malformación, que obligaría a quienes sufran esa circunstancia a viajar al extranjero si quieren abortar, no genera consenso. Y otros, los más centristas, están directamente indignados. Tanto, que Celia Villalobos, la única que ha mostrado abiertamente su rechazo y se marchó del pleno mientras hablaba Beatriz Escudero, la portavoz elegida por el PP para defender este asunto en el Congreso, ha recibido varias muestras de apoyo de diputados, según personas que han hablado con ella. De hecho, buena parte del grupo evitó aplaudir a Escudero. Una muestra más de esta división que nadie niega: Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, dijo que la ley merece “un debate sosegado” y una “aproximación entre partidos”.
Esta división no es nueva. Ya en 2011, a la hora de elaborar el programa electoral, se produjo una enorme batalla interna por el asunto del aborto. Grupos católicos, en especial Hazte Oír, presionaban para que Rajoy prometiera antes de votar que derogaría la ley del aborto socialista. La división interna era tan fuerte que al final se optó por una fórmula especialmente ambigua, de una sola línea, en un programa de 214 páginas: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada se decía del aborto por malformación. Fue el consenso mínimo alcanzado tras una gran polémica. Por eso, para el PP, la situación ideal era la vivida hasta 2010: miraban para otro lado y dejaban que se aplicara la ley de 1985, que AP rechazó. Pero ahora toca tomar decisiones y abrir la guerra interna o esperar al Constitucional.
