Recoñezo que fai tempo que non entro no Obradoiro, recoñezo que , ás veces, invádeme a atonía, a abulia e a desgana, ante un mundo en franco retroceso, involucionando e non tendo en conta os logros, os esforzos, as loitas que as nosas antergas fixeron para que hoxendía teñamos algúns dereitos que deberían ser irrenunciables.
Aínda así, quero ter un recordo, quero conmemorar con todas aquelas persoas que vos acheguedes nestas datas, ao obradoiro, para reclamar a vosa atención e procurar unha reflexión mínima ao respecto.
“Si hay un compromiso con la lucha contra la violencia de género, este es el momento de demostrarlo”
Madrid, 05 marzo. 15. AmecoPress. Women’s Link ha presentado hoy 5 de marzo, en representación de Ángela González – madre de una niña asesinada por el padre que denunció a España ante la ONU-, sus comentarios al informe enviado por el Estado español al Comité CEDAW. En ellos concluye que el Estado todavía no ha cumplido ninguna de las recomendaciones estipuladas por el Comité. El Estado no reconoce un problema estructural: desde 2008, han sido asesinados 31 niños y niñas a manos de sus padres agresores, 20 de los cuales murieron durante una visita.
El Estado no reconoce a Ángela como víctima de una violación de derechos humanos ni reconoce su responsabilidad en el grave daño que se le ocasionó. Tampoco considera que haya un problema estructural sistémico, aunque siguen ocurriendo casos en España como el de Ángela. Así lo ha asegurado Gema Fernández, abogada que lidera la estrategia legal en el caso Ángela González, encargada de explicar la respuesta de la organización al informe del Estado español.
Con respecto a la víctima, según el Dictamen de la CEDAW, el Estado español debe otorgar una reparación y una indemnización a Ángela. El Estado dice que no hay base jurídica para hacerlo. Pero el Dictamen es base jurídica suficiente, ya que el Estado firmó y ratificó de manera voluntaria la Convención CEDAW y su Protocolo, comprometiéndose a cumplir con las decisiones del Comité. Ángela ha tenido que iniciar nuevos procedimientos judiciales, de larga duración, con la consiguiente revictimización.
En cuanto a la recomendación de realizar una investigación exhaustiva e imparcial, el Estado indica que no es posible y que no aprecia que exista en la actualidad un fallo estructural o sistémico, sin aportar ninguna prueba que apoye esta información. El incumplimiento de esta recomendación se relaciona con la pervivencia de casos de violencia de género en España en los que mujeres y sus hijos e hijas son asesinadas, y que podrían evitarse conociendo mejor los fallos del sistema y haciendo las modificaciones oportunas.
En tercer lugar, el Dictamen establece la obligatoriedad de tener en cuenta los antecedentes de violencia de género para determinar el régimen de visitas. El Estado menciona la situación normativa actual sin aportar datos que muestren cómo se implementan y aplican estas normas. Women’s Link aporta información que muestra que los casos en los que se suspenden los regímenes de visitas a maltratadores son mínimos, poniendo en riesgo las vidas de las niñas y niños y a sus madres.
El 97% de los agresores con orden de alejamiento obtienen visitas
“El 97% de los agresores con orden de alejamiento obtienen visitas”, ha dicho Fernández, “no es tanto que existan normas, sino cómo se aplican”. Con las nuevas leyes que pretende desarrollar, el gobierno se posiciona totalmente en contra del Dictamen del Comité CEDAW. El Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental es un claro ejemplo, al permitir que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de género cuando la autoridad judicial lo considere “conveniente” para el niño o la niña. Del mismo modo, reconocer a los niños y niñas como víctimas de violencia de género puede ser un avance, pero el Estado no indica qué medidas va a tomar para que se identifique a estas víctimas sin restar credibilidad a su testimonio por razones de edad y género.
Uno de los aspectos en el que más insisten las expertas y que hoy ha sido reclamado en repetidas ocasiones es la formación obligatoria al poder judicial y al personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en la lucha contra la violencia machista para luchar contra los estereotipos de género. “La formación que ofrece el Estado en la actualidad no alcanza ni al 1% de la judicatura que se encuentra en activo”, ha denunciado Women’s Link.
El Estado no hace nada para reforzar la aplicación del marco legal en relación al ejercicio de la debida diligencia. Tampoco ha difundido ampliamente el Dictamen con el fin de alcanzar a todos los sectores pertinentes de la sociedad ni lo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Organizaciones y personalidades muestran su apoyo
Women’s Link ha entregado en el Ministerio de Justicia 338 cartas solicitando una respuesta al Ministerio de Justicia, tribunales y juzgados y actores que intervinieron en el proceso de Ángela. Las misivas están firmadas por distintas organizaciones de mujeres y derechos humanos y personalidades como Rosa Montero, Pastora Vega o Miguel Lorente.
La presidenta de Women’s Link, Viviana Waisman, ha insistido en presentar el Dictamen de CEDAW, que marca una “hoja de ruta”, como una “oportunidad para mostrar un compromiso en la lucha contra la violencia de género y para implementar los recursos necesarios que eviten que el caso de Ángela y su hija vuelva a repetirse”.
“Pedimos a todos los periodistas que pregunten al Ministerio por qué no adoptan el Dictamen”, ha solicitado Viviana, “si hay un compromiso con la lucha contra la violencia de género, este es el momento de demostrarlo”.
Las expertas que han hablado hoy en la rueda de prensa han enfatizado en la existencia de estereotipos que impiden el acceso a la justicia por parte de las mujeres. “Hay un cuello de botella porque la aplicación de las leyes se realiza con un marcado sesgo de género, basándose en estereotipos, y entonces, las leyes no cumplen con su objetivo”.
G.D.T. e Amecco Press
